Desde comienzos de la república las comunidades afrocolombianas e indígenas vienen siendo violentadas por la voracidad de grandes compañías nacionales y extranjeras, con el beneplácito de los diferentes gobiernos nacionales y regionales. Un ejemplo de ello fue la Compañía Minera Chocó Pacifico S.A., filial de la International Mining Corporation de New York, la cual a su vez adquirió derechos y activos de otras compañías inglesas, belgas y francesas que venían operando en la región desde 1.880.
Por más de 70 años desarrolló actividades mineras de saqueo del oro, el platino, uranio, Iridium, paladium y otros minerales estratégicos en el Chocó, sur del pacifico, Frontino y Bajo Cauca Antioqueño. Y en sus actividades de saqueo destruyó las economías autóctonas que venían desarrollando las comunidades, causó graves daños a las culturas ancestrales, devastó ecosistemas, especies maderables y acuáticas.
Esta compañía, después de agotar los recursos alcanzables con las tecnologías de que disponía, a nivel de alta rentabilidad, para marcharse en 1974, burlándose de compromisos con sus trabajadores y jubilados, con las comunidades y con la nación, se asoció en patrañoso negociado con la empresa Mineros de Antioquia, de la cual es accionista mayoritaria la familia del presidente Álvaro Uribe Vélez, que se quedó con los mejores activos que la empresa yanqui debió haber revertido a la Nación Colombiana por vencimiento de concesión, para lo cual usaron como fachada la razón social “Mineros Colombianos S.A.”. Dejando finalmente una dramática situación social de pobreza, miseria, atraso y desesperanza.Para el desarrollo de sus actividades la Chocó Pacifico se soportaba en concesiones expedidas por los gobiernos nacionales, en el respaldo de la fuerza pública y de autoridades judiciales. Hoy las comunidades indígenas y afrocolombianas del Chocó están viviendo una situación similar, con la presencia de las empresas cultivadoras de palma aceitera para los biocombustibles, ligadas a capitales transnacionales, compañías petroleras extranjeras y en particular, con la presencia de la empresa estadounidense Muriel Mining Co, respaldada por la fuerza pública - y quizás también por paramilitares como ha ocurrido con las empresas bananeras gringas asociadas con empresarios nacionales, que han promovido y financiado las peores masacres y crímenes de lesa humanidad en la región de Urabá - con el propósito de saquear depósitos naturales de oro, cobre y molibdeno en Jiguamiandó y el Cerro Careperro.
Para lo cual se ampara en una concesión expedida por el actual Gobierno Nacional sobre un territorio de 16.000 hectáreas aproximadamente, sin contar con los respectivos acuerdos previos concertados con las comunidades indígenas y afrocolombianas pobladoras ancestrales de estos territorios y portadoras de títulos colectivos sobre los mismos, como ordenan nuestra Constitución Nacional, leyes nacionales y convenios internacionales. Coincidencialmente esta compañía se estableció en Medellín desde mediados de los años de 1.990, compartiendo negocios con Mineros de Antioquia, cuando era gobernador de este departamento Álvaro Uribe Vélez.Precisamente, para evitar la continuidad de los abusos y la acelerada destrucción de los ecosistemas de parte de compañías nacionales y extranjeras, y de particulares, los representantes de las comunidades afrocolombianas lograron introducir en la Ley 70 de 1.993, la titulación colectiva de los territorios ancestrales y la consulta previa con las mismas para la realización de cualquier tipo de proyecto u obra dentro de estos, o que las afecten. De allí que los/as afrocolombianas/os en cabeza de sus organizaciones de base y de los espacios autónomos de las comisiones consultivas departamentales y nacional debemos respaldar las luchas de las comunidades afrocolombianas e indígenas de Jiguamiandó-Cerro Careperro, al tiempo que exigimos al Gobierno Nacional el cumplimiento de la constitución y las leyes en relación con el respeto y protección de sus derechos.
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